30 de agosto de 2021
El mundo se ha interconectado a un nivel que nunca antes habíamos imaginado posible. Los Estados, la banca, las comunicaciones, el transporte, la tecnología y las organizaciones internacionales de desarrollo han adoptado la identificación digital. La conversación actual gira en torno a la necesidad de acelerar los registros para garantizar que cada persona del planeta tenga su propia identificación digital.
No hemos tropezado con esta nueva era de gestión de datos digitales sin saberlo. Organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la ONU han animado activamente a los Estados a proporcionar a los ciudadanos una prueba de su existencia legal en un esfuerzo por combatir la pobreza estructural, la apatridia y la exclusión social.
Para lograrlo, la política social se ha dirigido deliberadamente a las poblaciones pobres y vulnerables -incluidos los indígenas y afrodescendientes y las mujeres- para garantizar que obtengan un documento de identidad que les permita recibir ayudas sociales. Al pretender incluir a las poblaciones marginadas, se dirigen a grupos que históricamente se han enfrentado a una exclusión sistemática y han sido excluidos del reconocimiento formal como ciudadanos.
Portada del libro Identidad legal, raza y pertenencia en la República Dominicana: De ciudadano a extranjero
Esta investigación ha revelado cómo los Estados pueden convertir en armas los sistemas de identificación patrocinados internacionalmente. El libro que ha surgido de este trabajo “Identidad legal, raza y pertenencia en la República Dominicana: De ciudadano a extranjero” pone de manifiesto cómo, paralelamente a los programas del Banco Mundial que proporcionan a los ciudadanos una prueba de su existencia legal, el gobierno introdujo mecanismos de exclusión que bloqueaban sistemáticamente a las poblaciones negras de ascendencia haitiana el acceso y la renovación de su documento de identidad dominicano.
Durante años, las personas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana se han visto inmersas en una dura batalla para (re)obtener su documento de identidad. Las autoridades alegaron que durante más de 80 años habían proporcionado erróneamente a las personas nacidas de migrantes haitianos la documentación dominicana y que ahora debían rectificar este error. Estas personas dicen que son dominicanas. Incluso tienen la documentación que lo demuestra. Pero el Estado no está de acuerdo.
Estas prácticas culminaron en una sentencia histórica en 2013 que despojaba a los descendientes de haitianos nacidos en el país de su nacionalidad dominicana, dejándolos apátridas. En respuesta, una campaña de lucha pidió que el registro civil proporcionara a todas las personas de ascendencia haitiana sus documentos de identidad emitidos por el Estado como dominicanos.
En una crítica condenatoria de las prácticas globales de identificación, esta investigación ha revelado cómo las organizaciones internacionales de la época “miraron hacia otro lado” mientras el Estado comenzaba a eliminar y luego a bloquear deliberadamente a las personas de ascendencia haitiana para que accedieran a su documentación.
Quién era considerado elegible para ser incluido en el registro civil (es decir, los ciudadanos dominicanos) y quién era excluido como extranjero (los descendientes de haitianos) se consideraba una cuestión soberana que debía abordar el Estado.
Como resultado, decenas de miles de personas se encontraron sin documentación y, por tanto, excluidas de los servicios esenciales de salud, bienestar y educación.
Cerrando la brecha de identidad global
Estamos viendo cómo surgen casos similares de este tipo de exclusión en todo el mundo.
En junio de 2021, se organizó una conferencia en la Universidad de Londres llamada “(Re)Imagining Belonging in Latin America and Beyond: Acceso a la ciudadanía, identidad digital y derechos”. En colaboración con el Instituto sobre Apatridia e Inclusión, con sede en los Países Bajos, el evento exploró las conexiones entre la identidad y la pertenencia, la identificación digital y los derechos de ciudadanía.
Incluyó una ponencia sobre los ciudadanos franceses atrapados en BUMIDOM, conocidos como el Windrush de Francia. También se habló de los recursos legales interpuestos por personas no binarias en Perú, de las experiencias de los cubanos no domiciliados convertidos en apátridas y del debate sobre los “bebés ancla”, en el que se discute si los niños nacidos de inmigrantes indocumentados deben tener acceso automático a la ciudadanía estadounidense.
El acto finalizó con una mesa redonda internacional en la que se examinó el uso de los registros digitales de identidad con fines discriminatorios en otras partes del mundo. Se debatió sobre poblaciones vulnerables como los habitantes de Assam (India), los rohingya (Myanmar) y los somalíes (Kenia).
Debates como estos sólo van a ser más frecuentes en los próximos 10 años: un indigente que ya no puede viajar en transporte público porque la compañía de autobuses sólo acepta pagos con tarjeta, no en efectivo; una anciana afroamericana a la que se le impide votar porque no puede presentar un documento de identidad emitido por el gobierno federal; o una mujer a la que se le dice que tiene que dejar de trabajar porque el sistema la ha señalado como inmigrante “ilegal”.
Para las personas que se encuentran excluidas de esta nueva era digital, la vida cotidiana no sólo es difícil, sino casi imposible.
Y aunque la necesidad de acelerar los registros de identificación digital es apremiante, en este mundo post-pandémico debemos dar un paso atrás y reflexionar.
Las peticiones de pasaportes digitales COVID, tarjetas de identificación biométricas y sistemas de seguimiento y localización de datos están facilitando la vigilancia no sólo de las personas que cruzan las fronteras, sino también, cada vez más, de las poblaciones que viven dentro de ellas.
Ya es hora de que debatamos seriamente sobre los peligros potenciales de los sistemas de identificación digital y su impacto de largo alcance, que altera la vida.