En los últimos años, hemos asistido a un creciente interés por la idea de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC). Al igual que el efectivo, las monedas digitales de los bancos centrales son una forma de dinero emitida por los bancos centrales.
En cada país, un banco central gestiona la moneda local y la política monetaria para garantizar la estabilidad financiera. A diferencia del efectivo, se espera que las monedas digitales de los bancos centrales actualicen las infraestructuras financieras nacionales a las necesidades cambiantes de la economía y la tecnología.
Dirigidos por instituciones financieras internacionales como el Banco de Pagos Internacionales y el Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales examinan las tecnologías, realizan experimentos y preparan escenarios económicos nacionales.
Sin embargo, los bancos centrales no pueden -ni deben- identificar las consecuencias sociales de la aplicación de esta tecnología.
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La transición a las monedas digitales nacionales otorga a los gobiernos la capacidad de automatizar las transacciones y crear las condiciones en las que se puede gastar.
Esto plantea implicaciones cruciales sobre la democracia que deben ser identificadas y consideradas antes de que las monedas digitales de los bancos centrales sean una realidad.
Cuestiones importantes a tener en cuenta
Se espera que las monedas digitales de los bancos centrales den a las autoridades la capacidad de controlar completamente las finanzas de sus ciudadanos.
Los Estados podrían restringir a los ciudadanos la compra de cualquier servicio o bien, y los gobiernos obtendrían una mayor influencia y control sobre la vida de las personas.
Por ejemplo, las sociedades podrán decidir si limitar a una persona adicta al juego la compra de un billete de lotería es una característica positiva del dinero.
Del mismo modo, también podrían decidir si las ayudas sociales sólo pueden utilizarse para alimentos, medicinas y alquileres.

La introducción de una moneda digital del banco central plantea una serie de cuestiones importantes. La primera es si los ciudadanos se beneficiarán o no de las nuevas características de estas monedas digitales.
La segunda es si podemos estar seguros de que estas características, en manos de los gobiernos, no socavarán los ya tambaleantes cimientos de las democracias.
Ambas cuestiones plantean importantes debates sobre el futuro y nuestros valores como sociedad.
También hay muchas cuestiones abiertas sobre las que los ciudadanos, y no los bancos centrales, deberían deliberar. ¿Queremos conectar la información financiera personal con los sistemas de crédito? ¿Qué tal si compartimos los gastos sanitarios o las donaciones políticas con los gobiernos y las empresas? ¿Qué pensamos sobre la emisión de dinero diferente, con diferentes características financieras, para diferentes personas? ¿Cuál es la importancia social de mantener el dinero en efectivo junto a las monedas digitales del banco central? ¿Necesitamos siquiera una moneda digital del banco central?
No queremos dejar estas preguntas sólo para los que desarrollan e implementan los sistemas monetarios digitales, o plantearlas demasiado tarde.
Actualmente, la preocupación por la democracia va por detrás de la carrera por implantar las monedas digitales de los bancos centrales. Debemos tener estos debates antes de que sea demasiado tarde.
Mantener la democracia
A la hora de tomar decisiones relacionadas con la infraestructura de las monedas digitales de los bancos centrales, cada país debe examinar si se requieren cambios estructurales para mantener la supervisión democrática y los controles y equilibrios adecuados.
Esto no sólo se aplica a los bancos centrales, sino también a los organismos de seguridad y a las autoridades encargadas de la lucha contra el blanqueo de dinero y la recaudación de impuestos, que muy probablemente tendrán acceso a la información de los usuarios y podrán congelar las cuentas y confiscar los fondos.

Depende de las instituciones democráticas garantizar que acciones como la congelación de cuentas bancarias de disidentes políticos no se conviertan en una práctica habitual.
Habrá quien argumente que los bancos centrales sólo están examinando y preparando la infraestructura y que, cuando llegue el día, serán los gobiernos quienes completen los detalles.
Pero este tipo de respuesta es inaceptable. Aleja a los diseñadores del sistema de los responsables de su funcionamiento y, sobre todo, de los que se verán afectados por él.
Se necesita un debate diverso
La deliberación requiere una mezcla diversa de representantes públicos, incluidos los marginados, los ancianos y los pobres, los que viven en lugares remotos y las personas con discapacidad.
Las organizaciones sociales, el mundo académico, los ciudadanos y la prensa deben poner de relieve diferentes perspectivas. La conclusión es que las monedas digitales de los bancos centrales no son sólo una cuestión de tecnología, sino también de poder político y justicia social.
Tienen el potencial de desencadenar consecuencias sociales imprevistas, no deseadas e inesperadas; sólo el tiempo dirá cuáles son esas consecuencias. Aunque los bancos centrales son los responsables de llevar los temas sociales a la escena pública, las instituciones democráticas deben tomar la iniciativa en este asunto.
Los países deberían implementar las monedas digitales sólo si pueden garantizar que sus gobiernos y autoridades no cruzarán las líneas rojas. Estas normas y regulaciones deben ser elaboradas inmediatamente por las instituciones democráticas, y no exclusivamente por los bancos centrales.
En definitiva, lo que nos espera no es sólo un avance tecnológico en materia de pagos, sino un cambio fundamental en la infraestructura financiera mundial. Se espera que este cambio provoque cambios en el tejido social y político de las sociedades, y debemos prepararnos para ello de forma democrática.