El gobierno de Cuba ha anunciado que reconocerá las criptodivisas y regulará su uso para los pagos en la isla caribeña.
Una resolución publicada en la Gaceta Oficial dice que el Banco Central de Cuba (BCC), el banco central del país, desarrollará un conjunto de reglas para las criptodivisas, y definirá cómo autorizar a los proveedores de servicios relacionados en el mercado cubano.
El BCC podrá autorizar el uso de criptomonedas«por razones de interés socioeconómico, podrá autorizar el uso de determinados activos virtuales en las transacciones comerciales, y otorgar una licencia a los proveedores de servicios de activos virtuales para las operaciones relacionadas con las actividades financieras, de intercambio y cobro o pagos», según la resolución.
Dicho esto, tales operaciones deben ser controladas por las autoridades estatales, y no pueden implicar actividades que se consideran ilegales en Cuba, dijo el documento.
La última novedad sigue a las propuestas relacionadas con las criptomonedas presentadas por el Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el eje central de la política del país, el pasado mes de mayo.
En sus propuestas, el organismo sugirió estudiar cómo las criptomonedas podrían ayudar a sacar al país de sus problemas financieros.
Anteriormente, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, discutió los posibles planes de adopción de criptomonedas en una «reunión virtual» con gobernadores regionales y políticos de alto nivel.
Con la situación económica del país en plena caída, las criptodivisas se han popularizado rápidamente entre un segmento cada vez mayor de la población cubana, informó Associated Press.
La tendencia se ha visto amplificada por la reducción del acceso de los cubanos a los dólares, en parte debido a las normas más estrictas del embargo introducidas bajo la administración del ex presidente estadounidense Donald Trump.
El experto local en criptografía Erich García dijo que algunos cubanos ya están usando cripto para las compras en línea.
Al mismo tiempo, el partido comunista de Cuba mantiene un estricto control sobre las actividades en línea de los ciudadanos del país, y las regulaciones de telecomunicaciones recientemente introducidas han sido criticadas por organizaciones no gubernamentales como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) por violar la libertad de expresión y reforzar el control estatal de Internet.
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