Dentro de la guerra de la UE contra el lavado de dinero (AML) y la evasión de impuestos, la Comisión Europea (CE) está mirando un Registro de Activos de la Unión Europea, y recientemente ha lanzado una licitación para un estudio de viabilidad de dicho registro – que investigará la posibilidad de incluir criptoactivos propiedad de los ciudadanos de los estados miembros de la UE en un registro también.
En la documentación publicada, la Comisión dice que considera que la recopilación de datos y la interconexión de los registros es un instrumento clave de la legislación europea para acelerar el acceso de las autoridades a la información financiera y mejorar la cooperación transfronteriza.
“Este proyecto estudiará diversas posibilidades de recopilación de información para crear un registro de activos que pueda alimentar posteriormente una futura iniciativa política”, dice la CE. Estudiará las formas de “recopilar y vincular la información disponible de diversas fuentes sobre la propiedad de los activos (por ejemplo, registros de la propiedad, registros de empresas, registros de fideicomisos y fundaciones, depositarios centrales de la propiedad de los valores, etc. ) y analizará el diseño, el alcance y los retos de dicho registro de activos de la Unión “.
El estudio también considerará la posibilidad de incluir en el registro datos relacionados con la propiedad de otros activos. Estos activos incluirán criptoactivos, obras de arte, bienes inmuebles y metales preciosos como el oro, según el pliego de condiciones.
Ellen Timmer, abogada del bufete de abogados holandés Pellicaan Advocaten, ha publicado un análisis crítico del pliego de condiciones, afirmando que la CE estaba tramando planes para “crear una nueva y costosa burocracia además de otros registros.”
Según Timmer,
“No se explica por qué no se mejoran primero los registros actuales. No se explica por qué los registros de activos que tiene Hacienda no son suficientes y qué valor adicional se espera del nuevo registro de activos”.
El abogado también observó que el pliego de condiciones hace caso omiso de que, en muchas situaciones, el “beneficiario efectivo” (BO) según la legislación AML no es el “beneficiario efectivo” según la legislación fiscal. “Los dos conceptos de BO se mezclan conscientemente, en detrimento de los BO que no tienen ningún interés económico en las entidades”, dijo Timmer.
También señaló que parece que el sector privado no va a desempeñar ningún papel en el próximo estudio de viabilidad.
“El estudio sólo se basará en información gubernamental y no se consultará a quienes se enfrentan a los planes europeos inadecuados”, concluyó.
El estudio está valorado en unos 400.000 euros (470.000 dólares), según la documentación.
Las entidades que deseen participar en el concurso pueden presentar sus solicitudes hasta el 1 de octubre, y las ofertas se abrirán el 4 de octubre. Se firmará un contrato con el licitador seleccionado por un periodo de 15 meses.